El pasado jueves 20 de noviembre se llevó a cabo la Audiencia Pública descentralizada en Antioquia sobre el proyecto de ley 136/2024S.
Nuestro presidente Fabián Quintero Valencia hizo una intervención de 9 minutos, en nombre del transporte público de pasajeros, en sus palabras manifestó las consideraciones sobre la inconveniencia del PL y por qué debe ser archivado.
Damos un especial reconocimiento y agradecimiento a los conductores que acompañaron la audiencia y a quienes intervinieron, porque lo hicieron desde el respeto y con argumentos muy valiosos para mostrar la realidad del sector y la inconveniencia de este proyecto, desde su mirada porque son los que operan el servicio.
También agradecemos a las empresas, gremios y expertos en el tema que asistieron e intervinieron, valoramos mucho su asistencia porque muchos de ellos vinieron desde otras ciudades.
A continuación, te compartimos la intervención realizada por nuestro presidente:
»Desde Tax Individual y sus Empresas Aliadas en varias ocasiones, desde que se inició el debate en comisión de este proyecto, hemos radicado comunicados con nuestros argumentos de por qué no se considera viable. El más reciente fue radicado a cada uno de los Senadores el pasado 30 de agosto de 2025.
Desde hace décadas, las ciudades colombianas han sido planificadas pensando en una movilidad organizada, segura y sostenible. Nuestra infraestructura urbana, nuestros sistemas de transporte masivo, semimasivo, colectivo, intermunicipal, especial y de taxis, fueron diseñados para movilizar al mayor número de personas, bajo criterios de legalidad, formalidad y servicio público. Esto no es una opinión: es un mandato constitucional y legal, desarrollado por la Ley 105 de 1993, la Ley 336 de 1996 y el Decreto 1079 de 2015.
El transporte público ha sido regulado jurídica, técnica y administrativamente para garantizar seguridad, comodidad y accesibilidad. Es un servicio público esencial. Por eso, no puede ser reemplazado ni mezclado con vehículos particulares que no cumplen las obligaciones que exige el servicio público de pasajeros.
Desde Tax Individual y sus Empresas Aliadas hemos estudiado este proyecto con rigor desde el año pasado. Y la conclusión es clara: desestructura el sistema de transporte público, desconoce la normatividad vigente e introduce un mercado paralelo que traería graves impactos.
Permítanme explicar por qué.
En lo social, hoy existen aproximadamente 250.000 taxis en el país, de los que dependen más de un millón de familias. Ellos ya enfrentan una competencia desleal por parte de vehículos particulares intermediados por plataformas, que no cumplen requisitos técnicos, fiscales ni laborales. Este proyecto, en lugar de corregir esa desigualdad, la legaliza. Y al hacerlo, profundiza el subempleo, deteriora los ingresos de los conductores y desprotege a trabajadores que sí cumplen las normas.
En lo económico, el impacto sería enorme. Las modalidades formales —metro, buses, taxis, transporte especial— han perdido y seguirían perdiendo pasajeros, generando pérdidas que finalmente tendría que asumir el Estado con eventuales indemnizaciones. Además, las plataformas movilizan miles de millones de pesos al año, de los cuales una parte significativa se va al exterior sin tributar adecuadamente. ¿Cómo se sostendrían las finanzas públicas si ampliamos un modelo que facilita la evasión?
Adicionalmente, estas fijan arbitrariamente el porcentaje que el conductor debe pagar por el uso de la plataforma y al pasajero bajo la figura de tarifa dinámica cobran valores excesivos, a diferencia del transporte público formal donde sus tarifas están regladas.
Debemos resaltar la gran inversión que hay en el país en el transporte público de pasajeros, en dinero, trabajo, tecnología, formación, seguridad y estructura empresarial, entre otros; no obstante, la informalidad e ilegalidad y este tipo de proyectos, amenazan con que este siga siendo un sector económicamente activo como lo ha sido hasta hoy.
En lo ambiental y en la movilidad, el proyecto promueve la entrada masiva de más vehículos particulares. Más carros significa más emisiones, más congestión, más accidentalidad y mayor presión sobre la infraestructura. Todo esto va en contravía de la planeación urbana, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la competitividad de las ciudades. Este proyecto de ley no tiene un estudio técnico de la capacidad transportadora, sino que propone una flexibilización descomunal de la oferta del servicio.
Por otra parte, este proyecto se presenta como una propuesta moderna porque involucra tecnología. Pero es importante decirlo claramente: las empresas de transporte público tenemos tecnología, plataformas digitales propias, sistemas de control, monitoreo, seguridad y herramientas para mejorar la experiencia del pasajero, todo autorizado por el Ministerio de Transporte. Nuestro trabajo no es publicidad: son hechos, inversiones reales, permanentes y la cara visible ante usuarios, conductores y autoridades.
Honorables Senadores:
El transporte público formal es mucho más que un medio de movilidad. Es empleo digno, cobertura, seguridad, un servicio regulado que responde ante los pasajeros y ante el Estado. Legalizar lo que hoy es ilegal, no resuelve un problema: lo multiplica.
Este proyecto no protege al pasajero, no fortalece la institucionalidad, no respeta la construcción normativa del transporte público y no responde a la planificación que se ha hecho de nuestras ciudades durante décadas. El proyecto está pensado para beneficiar a plataformas multinacionales, desconociendo la estructura real y las garantías y responsabilidades que tiene el servicio público de transporte, que no son solo pólizas, seguridad social, ni controles a través de particulares.
Por todo esto, hacemos un llamado respetuoso pero firme:
Este proyecto de ley es inconveniente.
No debe ser aprobado.
Debe ser archivado.
No se trata de una discusión sobre aplicaciones. Se trata del futuro de la movilidad, del empleo de más de un millón de familias, de la seguridad vial, del ambiente, de la sostenibilidad financiera del Estado y del derecho de los ciudadanos a un transporte público seguro, formal y responsable.
Senadores: escuchen al sector que durante décadas ha sostenido la movilidad de Colombia.
Archivar este proyecto no es una decisión política: es una decisión social, técnica y ética.
El transporte público no es un problema por resolver, sino una estructura de país que debe preservarse y protegerse en beneficio del interés general. Que esta sea la constancia y el soporte de lo expresado en esta audiencia pública por mí, que lleva a la conclusión de que este proyecto de ley debe ser archivado.
Muchas gracias.»
Da clic en el siguiente enlace y visualiza la intervención completa: https://www.instagram.com/p/DRcoVBwkRgi/