En América Latina fue famoso el modelo de la CEPAL que en los años 70 buscó que las naciones de la región crecieran y generaran bienestar para sus poblaciones a través de la sustitución de importaciones como mecanismo para estimular la industria.

Sin embargo, el modelo de la CEPAL no respondió por completo a las necesidades que planteaba el rápido crecimiento de los centros urbanos más poblados de Latinoamérica y es allí, donde los teóricos plantearon una nueva propuesta que propendiera por el desarrollo armónico, en especial, en las grandes ciudades.

A raíz de ello en 1987 el Informe Brundtland para las Naciones Unidas, introduce por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, que no es otra cosa que un apego por el cuidado del medio ambiente por parte de la sociedad actual, de cara a que las futuras generaciones, tengan garantizado el acceso a los recursos naturales que hoy disfrutamos.

Con base en ese informe, la ONU logró en 2015 que sus Estados Miembros adoptaran los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) buscando que la planeación conjugara el crecimiento, con la sostenibilidad económica, social y ambiental.

En la actualidad los planes de desarrollo en Colombia a nivel central, en sus municipios y departamentos se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Precisamente el número 11 apunta a que las ciudades sean sostenibles y en uno de sus apartes destaca cómo el Estado debe “realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana”, para de esa manera atender los graves problemas de movilidad y contaminación que hoy registran los grandes centros urbanos del mundo, y como no, de nuestro país.

Pese a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los planes de desarrollo incluido el de Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá y Colombia, hoy asistimos a la discusión de una propuesta en el Congreso de la República que significa un retroceso en materia de la movilidad sostenible y ecociudades que plantea la ONU. Se trata del Proyecto de Ley 003 que busca legalizar la prestación de un servicio público como el transporte de pasajeros en vehículos particulares.


La propuesta es altamente inconveniente para el desarrollo de nuestras ciudades como lo he señalado en diversos escenarios a los que gentilmente he sido invitado. De ser aprobado el proyecto echaría por la borda lo logrado por el Estado en materia de armonización de los diferentes modos de transporte como el Metro, el Metroplús, Metrocables, rutas integradas, etc, pero también incentivaría el caos vial y la contaminación en nuestras calles gracias al estímulo económico que representaría para una persona prestar un servicio de transporte en su vehículo particular. Es decir, el proyecto inundaría nuestras ya congestionadas vías con más carros y motos con el consecuente problema de emisiones de carbono que ello representa para la calidad del aire que respiramos. ¿Hay algo de movilidad sostenible en eso? Yo estoy convencido que no. Por el contrario, el proyecto se convierte en un atentado contra la planeación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Las empresas de transporte de pasajeros, entre ellas de taxis, tenemos la delegación del Estado para la prestación del servicio, además para garantizarle al usuario el respaldo ante cualquier duda o sugerencia frente al uso de un vehículo. El Proyecto de Ley 003 borra con el codo todas las garantías que hoy tienen los usuarios al entregarle el servicio a privados que no tienen cómo responderle a un pasajero cuando este se queje. El servicio público en manos de plataformas privadas va en contravía de la sostenibilidad de la que venimos hablando.

El Proyecto de Ley no puede ser una solución temporal de empleo ya que en esa línea se afecta el desarrollo de nuestras ciudades comprometiendo a las generaciones venideras.

La discusión debe ser amplia, pero desde ya reitero que el Proyecto de Ley 003 no debe ir y se debe hundir por el bien del país y del desarrollo y movilidad sostenible que requiere nuestra Nación.